EL REINO DE  ESPAÑA CONTRA TAURO.

Francisco Ojeda Ramirez, portavoz de Los Verdes de Mogán y secretario de la Asociación de Vecinos de Tauro y Playa de Tauro.

En este artículo se relata como todos los poderes del estado español se han unido para facilitar la ocupación y destrucción de una de las mejores playas de Canarias para beneficiar unos intereses empresariales; lo que ha llevado a Los Verdes a pedir la tutela judicial a la Comisión europea.

Un poco de historia.

La Playa de Tauro es una de las más hermosas de Gran Canaria. Ya figura en el mapa de Leonardo Torriani de 1592 como caleta de Taor, reaparece en el siglo XVIII citada como una de las ensenadas de la isla por Antonio Riviere, entre 1740 y 1743, en su Descripción Geográfica de las Islas Canarias, resaltando su buen fondo y la calidad de su playa que denomina de Taoro.

En ese lugar se desarrollo un dinámico núcleo poblacional de aparceros y pescadores, llegando a contar el paso siglo con una fábrica de salazón, en estado actual de abandono a pesar de figurar en Carta Etnográfica de Gran Canaria y un pequeño muelle.

La playa cuenta además con un precioso bufadero, punto de encuentro de muchos jóvenes audaces para lanzarse a las profundas y cristalinas aguas. Ni eso has respetado los depredadores con sus obras destructivas.

Con estas características no es de extrañar que en los años del boom turístico se pusiera en el punto de mira de los depredadores del territorio, pero frente a diferencia de otros enclaves se encontraron con la dificultad de que estaba habitada y por lo tanto había que echar a quienes allí vivían.

La Urbanización Anfi Tauro comprendía un proyecto urbanístico de gran calado, a ejecutar en la zona de las playas de Tauro y El Cura, y los barrancos de Tauro y El Lechugal (sur de la Isla de Gran Canaria).

Inicio de las obras y el caso Salmón.

Ya en el documento “Destrucción a toda costa de julio 2006” Greenpeace advertía sobre las actuaciones que se pretendía llevar la cabo: la construcción de un muelle deportivo de 492 atraques y el vertido de arena a las playas del Cura y Tauro.

Las claves de como el poder empresarial recurre a la corruptela política hay que buscarlas en la entrada en vigor del Decreto 126/2001, conocido como moratoria turística, por el que se suspendía la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación (PIO) y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Esta moratoria turística contenía una importante excepción, la cual daba cabida a la ejecución de ciertos proyectos turísticos mientras fueran declarados de interés general por el Parlamento de Canarias.

Pues bien, con la intención de la consecución de la declaración de interés general por parte de la empresa promotora, se hizo la correspondiente solicitud al Cabildo de Gran Canaria el día 9 de mayo de 2005, dando lugar a la apertura del Expediente Administrativo con número de referencia PL-E 05/2894 DOG. Aquí comienza la relación administrativa entre el ya fallecido empresario noruego Bjorn Lyng y el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria José Manuel Soria En ese momento afloraron a la opinión pública la posible concesión de regalos y preferencias administrativas que cristalizaron en el conocido Caso Salmón y que se tradujeron en la agilización en el trámite de la solicitud del proyecto de Anfi Tauro en el Cabildo de Gran Canaria.

Las presiones no solo fueron a través del Cabildo sino que existieron presiones políticas de parte del empresariado hacia el presidente del Gobierno de Canarias, en ese momento Adán Martín, a través de su consejero delegado Manuel Fernández (PP), quien intervino decisivamente en la tramitación del expediente.

Expulsión de los vecinos.

En el 2008, con la colaboración judicial, comienzan las demoliciones de las viviendas de los vecinos con la finalidad de favorecer la urbanización Anfi Tauro se están expulsando y demoliendo las casas de los vecinos que desde hace más de cuarenta años habitan en la Playa de Tauro en régimen de alquiler del terreno, en cuyas parcelas han ido edificando sus humildes viviendas con el beneplácito del dueño.

Fue la empresa interesada en urbanizar la zona la que ejecutó directamente las ordenes judiciales de derribo. Los operarios de Santiago Cazorla sobrepasaron la orden judicial de demolición dañando otras viviendas colindantes, la entrada a un recinto comunitario y “arrancado de cuajo” todos los árboles que sombreaban el poblado y dejando, como era habitual, los escombros tirados in situ para presionar al resto de los vecinos que se resisten a ser expulsados de sus viviendas.

Los que decían ser propietarios promovieron la expulsión de los habitantes de la Playa de Tauro, una veces mediante acuerdos económicos y otras mediante demolición de las viviendas. Se trataba de familias sin recursos y con escasa capacidad de defenderse legalmente del acoso al que están siendo sometidos. Con todo esto se pretendió despejar el camino para la urbanización Anfi-Tauro con el beneplácito de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.

El gran vertido de arena.

En 2014 se aprueba por el Cabildo el PTE-29 con el beneplácito del Ayuntamiento de Mogán para dar cobertura legal a la urbanización de la Playa de Tauro, como paso previo a la construcción de un muelle deportivo, un paseo marítimo asociado y los numerosos hoteles en el barranco de Taurito.

En 2016 La playa de Tauro, originalmente de piedras, fue cubierta por 70.000 toneladas de arena sin ningún tipo de estudio ambiental, lo que condujo a la destitución del entonces jefe de Costas de Canarias, José María Hernández de León que acabó condenado a 3 años de cárcel por alteraciones en el deslinde, pero la condena obvió lo más importante que fue los daños medioambientales ocasionados por el vertido de la arena saharaui.

Los Verdes en 2005 formulamos una pregunta escrita a la Comisión europea por parte del eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein sobre afección que podría tener la constricción de una urbanización en la playa y la Comisión reconoció las afeccione un espacio protegido por Europa y que “Por ello, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para solicitarles la información pertinente respecto al cumplimiento de la Directiva de hábitats en relación con este caso”. Sin embargo la aportación de arena se realizó sin el requerido estudio de impacto ambienta.

Estudios realizados por la Universidad de Las Palmas confirmaron que los vertidos de arena habían afectado a los extensos sebadales ( Cymodocea nodosa), así como poblaciones de algas verdes, y como consecuencia a la riqueza faunística de la zona que alberga especies protegidas por legislación europea bajo la figura de Zona Especial Conservación (ZEC) Franja Marina de Mogán

En un contexto de cambio climático esos sebadales son tremendamente eficaces en la fijación de los gases de efecto invernadero, 200 veces más fijadores que una selva tropical según estudios realizados y constituyen la base de una cadena trófica que permite una fauna marina única y singular.

Actualmente la playa esta vallada y el acceso al público teóricamente vedado ya que en un acto que carece de explicación creíble el Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, toma la medida cautelar de vallar la nueva playa artificial de arena y prohibir su uso.

En 2018 la Comisión de Pleno de Medio Ambiente, Política Territorial y Transportes del Cabildo de Gran Canaria rechazó iniciar la recuperación de la playa.

Hoy por hoy todo sigue igual.

Vertidos de salmuera.

Ademas de la aportación de arena mencionada se está realizando desde 2004 un vertido continuo de cientos de metros cúbicos diarios de salmuera, procedente de la desoladora situada en plena playa pesar de las múltiples denuncias realizadas por los Verdes ante las autoridades locales y nacionales.

Estas salmueras resultan mortales para las praderas de fanerógamas marinas protegidas por la Directiva Habitats.

Por todo ello consideramos que la autoridades locales, insulares, autonómicas y nacionales no han velado ningún momento por el Derecho de La Unión europea y han actuado con connivencia en este asunto con determinadas empresas a pesar de las múltiples denuncias y por ello hemos solicitado la tutela judicial de la Comisión europea en este asunto.

Conclusión.

Nos encontramos ante el máximo exponente de como todos los poderes coloniales del Reino de España se han cebado con un poblado de humildes canarios y con el medioambiente para el benéfico de un complejo empresarial.

La playa de Tauro, uno de los últimos paraísos que quedaban en la isla, ha sido desmantelada y destrozada y la mayor parte de sus habitantes expulsados para que, nuevamente, un macro grupo hotelero, que parece que ha comprado hasta el derecho a secuestrar una playa, se apropie sin ningún pudor de nuestros paisajes más nuestros, más salvajes y naturales, y se llenen los bolsillos, al mismo ritmo que destruyen nuestros ecosistemas.

Es en este contexto de indefensión ante la apisonadora de los poderes del estado en el que Los Verdes hemos pedido ayuda a Europa mediante una denuncia ante la Comisión europea.

Europa puede ayudarnos pero depende solo de todos los canarios que podemos frenar estos abusos y salvar lo queda de la playa de Tauro.

Playa de Tauro 22 de noviembre de 2019.