EL REINO DE ESPAÑA CONTRA TAURO.
Francisco Ojeda Ramirez, portavoz de Los Verdes de Mogán y secretario de la
Asociación de Vecinos de Tauro y Playa de Tauro.
En este artículo
se relata como todos los poderes del estado español se han unido
para facilitar la ocupación y destrucción de una de las mejores
playas de Canarias para beneficiar unos intereses empresariales; lo
que ha llevado a Los Verdes a pedir la tutela judicial a la Comisión
europea.
Un poco de
historia.
La Playa de Tauro
es una de las más hermosas de Gran Canaria. Ya figura en el mapa de
Leonardo Torriani de 1592 como caleta de Taor, reaparece en el siglo
XVIII citada como una de las ensenadas de la isla por Antonio
Riviere, entre 1740 y 1743, en su Descripción Geográfica de las
Islas Canarias, resaltando su buen fondo y la calidad de su playa que
denomina de Taoro.
En ese lugar se
desarrollo un dinámico núcleo poblacional de aparceros y
pescadores, llegando a contar el paso siglo con una fábrica de
salazón, en estado actual de abandono a pesar de figurar en Carta
Etnográfica de Gran Canaria y un pequeño muelle.
La playa cuenta
además con un precioso bufadero, punto de encuentro de muchos
jóvenes audaces para lanzarse a las profundas y cristalinas aguas.
Ni eso has respetado los depredadores con sus obras destructivas.
Con estas
características no es de extrañar que en los años del boom
turístico se pusiera en el punto de mira de los depredadores del
territorio, pero frente a diferencia de otros enclaves se encontraron
con la dificultad de que estaba habitada y por lo tanto había que
echar a quienes allí vivían.
La Urbanización
Anfi Tauro comprendía un proyecto urbanístico de gran calado, a
ejecutar en la zona de las playas de Tauro y El Cura, y los barrancos
de Tauro y El Lechugal (sur de la Isla de Gran Canaria).
Inicio de las
obras y el caso Salmón.
Ya en el documento
“Destrucción a toda costa de julio 2006” Greenpeace advertía
sobre las actuaciones que se pretendía llevar la cabo: la
construcción de un muelle deportivo de 492 atraques y el vertido de
arena a las playas del Cura y Tauro.
Las claves de como
el poder empresarial recurre a la corruptela política hay que
buscarlas en la entrada en vigor del Decreto 126/2001, conocido como
moratoria turística, por el que se suspendía la vigencia de las
determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación
(PIO) y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Esta
moratoria turística contenía una importante excepción, la cual
daba cabida a la ejecución de ciertos proyectos turísticos mientras
fueran declarados de interés general por el Parlamento de Canarias.
Pues bien, con la
intención de la consecución de la declaración de interés general
por parte de la empresa promotora, se hizo la correspondiente
solicitud al Cabildo de Gran Canaria el día 9 de mayo de 2005, dando
lugar a la apertura del Expediente Administrativo con número de
referencia PL-E 05/2894 DOG. Aquí comienza la relación
administrativa entre el ya fallecido empresario noruego Bjorn Lyng y
el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria José Manuel
Soria En ese momento
afloraron a la opinión pública la posible concesión de regalos y
preferencias administrativas que cristalizaron en el conocido Caso
Salmón y que se tradujeron en la agilización en el trámite de la
solicitud del proyecto de Anfi Tauro en el Cabildo de Gran Canaria.
Las presiones no
solo fueron a través del Cabildo sino que existieron presiones
políticas de parte del empresariado hacia el presidente del Gobierno
de Canarias, en ese momento Adán Martín, a través de su consejero
delegado Manuel Fernández (PP), quien intervino decisivamente en la
tramitación del expediente.
Expulsión de
los vecinos.
En el 2008, con la
colaboración judicial, comienzan las demoliciones de las viviendas
de los vecinos con la finalidad de favorecer la urbanización Anfi
Tauro se están expulsando y demoliendo las casas de los vecinos que
desde hace más de cuarenta años habitan en la Playa de Tauro en
régimen de alquiler del terreno, en cuyas parcelas han ido
edificando sus humildes viviendas con el beneplácito del dueño.
Fue la empresa interesada en urbanizar la zona la que ejecutó directamente las ordenes judiciales de derribo. Los operarios de Santiago Cazorla sobrepasaron la orden judicial de demolición dañando otras viviendas colindantes, la entrada a un recinto comunitario y “arrancado de cuajo” todos los árboles que sombreaban el poblado y dejando, como era habitual, los escombros tirados in situ para presionar al resto de los vecinos que se resisten a ser expulsados de sus viviendas.
Los que decían ser
propietarios promovieron la expulsión de los habitantes de la Playa
de Tauro, una veces mediante acuerdos económicos y otras mediante
demolición de las viviendas. Se trataba de familias sin recursos y
con escasa capacidad de defenderse legalmente del acoso al que están
siendo sometidos. Con todo esto se pretendió despejar el camino para
la urbanización Anfi-Tauro con el beneplácito de la Corporación
del Ayuntamiento de Mogán.
El gran vertido
de arena.
En 2014 se aprueba
por el Cabildo el PTE-29
con
el beneplácito del Ayuntamiento de Mogán para dar cobertura legal a
la urbanización de la Playa de Tauro, como paso previo a la
construcción de un muelle deportivo, un paseo marítimo asociado y
los numerosos hoteles en el barranco de Taurito.
En 2016 La playa
de Tauro, originalmente de piedras, fue cubierta por 70.000 toneladas
de arena sin ningún tipo de estudio ambiental, lo que condujo a la
destitución del entonces jefe de Costas de Canarias, José María
Hernández de León que acabó condenado a 3 años de cárcel por
alteraciones en el deslinde, pero la condena obvió lo más
importante que fue los daños medioambientales ocasionados por el
vertido de la arena saharaui.
Los Verdes en 2005
formulamos una pregunta escrita a la Comisión europea por parte del
eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein sobre afección que
podría tener la constricción de una urbanización en la playa y la
Comisión reconoció las afeccione un espacio protegido por Europa y
que “Por ello, la Comisión se pondrá en contacto con las
autoridades españolas para solicitarles la información pertinente
respecto al cumplimiento de la Directiva de hábitats en relación
con este caso”. Sin embargo la aportación de arena se realizó
sin el requerido estudio de impacto ambienta.
Estudios realizados
por la Universidad de Las Palmas confirmaron que los vertidos de
arena habían afectado a los extensos sebadales ( Cymodocea
nodosa), así como poblaciones de algas verdes, y como consecuencia a
la riqueza faunística de la zona que alberga especies protegidas por
legislación europea bajo la figura de Zona Especial Conservación
(ZEC) Franja Marina de Mogán
En un contexto de
cambio climático esos sebadales son tremendamente eficaces en la
fijación de los gases de efecto invernadero, 200 veces más
fijadores que una selva tropical según estudios realizados y
constituyen la base de una cadena trófica que permite una fauna
marina única y singular.
Actualmente la
playa esta vallada y el acceso al público teóricamente vedado ya
que en un acto que carece de explicación creíble el Juzgado número
3 de San Bartolomé de Tirajana, toma la medida cautelar de vallar la
nueva playa artificial de arena y prohibir su uso.
En 2018 la Comisión
de Pleno de Medio Ambiente, Política Territorial y Transportes del
Cabildo de Gran Canaria rechazó iniciar la recuperación de la
playa.
Hoy por hoy todo
sigue igual.
Vertidos de
salmuera.
Ademas de la
aportación de arena mencionada se está realizando desde 2004 un
vertido continuo de cientos de metros cúbicos diarios de salmuera,
procedente de la desoladora situada en plena playa pesar de las
múltiples denuncias realizadas por los Verdes ante las autoridades
locales y nacionales.
Estas salmueras
resultan mortales para las praderas de fanerógamas marinas
protegidas por la Directiva Habitats.
Por todo ello
consideramos que la autoridades locales, insulares, autonómicas y
nacionales no han velado ningún momento por el Derecho de La Unión
europea y han actuado con connivencia en este asunto con determinadas
empresas a pesar de las múltiples denuncias y por ello hemos
solicitado la tutela judicial de la Comisión europea en este asunto.
Conclusión.
Nos encontramos
ante el máximo exponente de como todos los poderes coloniales del
Reino de España se han cebado con un poblado de humildes canarios y
con el medioambiente para el benéfico de un complejo empresarial.
La playa de Tauro,
uno de los últimos paraísos que quedaban en la isla, ha sido
desmantelada y destrozada y la mayor parte de sus habitantes
expulsados para que, nuevamente, un macro grupo hotelero, que parece
que ha comprado hasta el derecho a secuestrar una playa, se apropie
sin ningún pudor de nuestros paisajes más nuestros, más salvajes y
naturales, y se llenen los bolsillos, al mismo ritmo que destruyen
nuestros ecosistemas.
Es en este contexto
de indefensión ante la apisonadora de los poderes del estado en el
que Los Verdes hemos pedido ayuda a Europa mediante una denuncia ante
la Comisión europea.
Europa puede
ayudarnos pero depende solo de todos los canarios que podemos frenar
estos abusos y salvar lo queda de la playa de Tauro.
Playa de Tauro 22
de noviembre de 2019.